Hasta hace muy poco tiempo, el Callao tenía un extraño logro: albergaba en su suelo a la zona más segura del país tanto como a la más insegura. En el primer caso, el distrito de La Punta; en el segundo, el Cercado del Callao.

Después de algunos robos a domicilios y a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la percepción del vecindario punteño sobre su propia seguridad debe de haberse alterado. Y todo ello “gracias” a la política de las autoridades municipales de contratar delincuentes o gente allegada a ellos para encargarse de la seguridad.

Esas son las consecuencias de seguir el mal ejemplo instaurado por Alex Kouri. A partir de la gestión del ex alcalde provincial y ex presidente regional, ha pasado a ser habitual en el Callao que casi familias enteras de delincuentes (como los delincuentes mismos) trabajen tanto en el gobierno regional como en el municipal (fenómeno que también se extiende a ENAPU).

Clara muestra de lo expresado lo tenemos en la persona de un “reputado secuestrador” que fue acogido por el municipio chalaco dentro de un “programa de reinserción social” de delincuentes, el mismo que era propietario de una lujosa camioneta Hummer. Hoy dicho “reo rehabilitado” purga prisión, teniendo pendiente un proceso penal sobre interceptación telefónica y seguimiento realizado en contra del actual presidente de la Región Callao.

Sin duda, ese sólo hecho invita a la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel de “complicidad” de las autoridades chalacas con la creciente delincuencia?

En ciertas zonas de la provincia constitucional la población es constantemente testigo de los enfrentamientos a mano armada que se dan entre facciones que pugnan por secuestrar para sí el control de la contratación de personal para una determinada obra o para alguna institución de las diferentes instancias gubernamentales chalacas.

Y todo ello sumado al más absoluto silencio respecto a las denuncias de la prensa sobre negociados en el sistema de multas de tránsito, proveedores fantasmas, sobrevaluaciones, pagos indebidos a jefes policiales, sospechosos avisos publicitarios a medios periodísticos, obras construidas antes de licitarlas públicamente y funcionarios con vidas modestas e ingresos millonarios, entre otras perlas.

Según información policial, en lo que va del año 42 personas han sido asesinadas a balazos en el Callao. Por lo mismo, ¿cuántas personas han sido liquidadas por sicarios en las calles porteñas a lo largo de estos últimos años?

La mayoría de las víctimas están ligadas a las mafias de construcción civil. Teniendo en cuenta que el grueso de las pocas obras de construcción que se llevan a cabo en el Callao (pero de gran envergadura) son ejecutadas por entidades públicas, queda claro que las autoridades políticas arrastran un enorme responsabilidad al respecto.

Que la virtud para conseguir un empleo pase por tener un amplio prontuario antes que comprobadas calidades humanas o profesionales, acusa un estilo de hacer política por demás perverso. Un estilo que ha sido remedado en otras zonas del Perú, pues lo acontecido en Áncash y en otros lugares es directo reflejo de ese proceder.

Sin tapujos, estamos ante una manera de conseguir votos que apuesta por reproducir a nivel regional, provincial y distrital los vicios de un estado hecho para repartir favores antes que el de dar seguridad a la gente. Concretamente, el lado lumpen del manido discurso sobre la redistribución de la riqueza.